7. Conclusión
La crisis de 2008 ha sacudido las bases de nuestro Estado de bienestar y el modelo económico sobre el que se había construido; demasiado ladrillo, mucho turismo y un porcentaje del PIB correspondiente a la producción industrial por debajo de la media europea, además de un decepcionante desarrollo de la nueva industria innovadora del futuro: nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información, genómica o robótica, entre otras razones, porque la inversión pública y privada en I+D también está por debajo de la media europea.
Entre los efectos colaterales más relevantes de esta crisis está la explosión del desempleo, y muy especialmente su repercusión en una generación de jóvenes acosados por el desempleo, la emigración y el trabajo precario a largo plazo. No es ésta la situación ideal para dar cauce al mandato constitucional de promover la autonomía y la participación de la juventud en la vida social, económica y cultural con el fin de favorecer su emancipación personal. Sin duda, estamos asistiendo en los albores del siglo XXI a una nueva revolución industrial. El efecto más inmediato es que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información o la robotización de las cadenas de producción tradicionales están destruyendo miles de empleos, también la presión por el desarrollo sostenible nos empuja a ser menos consumistas y a generar una economía más colaborativa, con otro tipo de empleos, o tal vez nuevas formas de trabajo sin empleo.
Estos cambios de modelo económico, de producción y consumo se desarrollan en una economía global, donde los cambios producidos a miles de kilómetros nos afectan sin remisión. Esto lo saben los más jóvenes que generalmente valoran más que el dinero un buen equilibrio entre vida personal y trabajo o un ambiente de trabajo agradable, además de ser por formación y cultura más creativos y abiertos a la innovación. Estos nuevos valores, sus capacidades y manejo de nuevas tecnologías, su adaptabilidad y polivalencia van a permitir vencer las resistencias de las viejas generaciones a que las cosas evolucionen. Un nuevo modelo socioeconómico está por construir y esa tarea corresponde llevarla a cabo fundamentalmente a las nuevas generaciones, ellos tendrán que decidir lo que debe ser preservado y lo que debe ser cambiado del modelo de bienestar surgido de la II postguerra mundial. Sin embargo, esta nueva generación está en peligro de no poder acometer sus responsabilidades porque todavía la sociedad no les ha encontrado el espacio necesario para llevar a cabo su emancipación y alcanzar una autonomía funcional suficiente. Las medidas legislativas y técnicas que hemos examinado con anterioridad apuntan mal que bien en esa dirección, pero sin duda no alcanzan a garantizar su plenitud, desde luego no en el actual contexto de crecimiento económico incierto, por lo que el riesgo de la generación perdida no está descartado.
Concretamente, en España, a la hora de examinar las medidas impulsadas por diversos países europeos y promovidas desde la Iniciativa de Empleo Europea han encontrado una traducción, en la lógica de este país, que responde a un enfoque cortoplacista. Es decir, la urgencia por enfrentarse a las situaciones más preocupantes, la de los llamados ninis, que sin duda son representativas de un futuro incierto de país, ha postergado sine die el abordaje del tratamiento que esperan los chicos y chicas jóvenes sin empleo, que estudian, se cualifican y buscan trabajo, al ofrecérseles simples medidas coyunturales, como son las prácticas no retribuidas, algunas becas y contratos temporales, o contratos a tiempo parcial con bajos salarios, todo ello muy precario y supeditado a que haya dinero para favorecerlo, ya que no son objetivo prioritario.
Una vez más, parece que la política legislativa en este país no tiene altura de miras, ni sabe reflexionar sobre los resultados y efectos de sus decisiones más allá de tiempos cortoplacistas y por intereses de oportunismo político. Promover la emancipación de los jóvenes dotándolos con cualificación profesional, con vivienda y con trabajo es garantizar que el país tenga un futuro diseñado con precisión y que resulte menos incierto que el promovido por la inversión ciega exclusivamente en los jóvenes menores de 25 años sin escolarizar y sin oficio alguno. El error estratégico se hace patente con la implementación de las medidas derivadas de la Garantía Juvenil, cuando se posterga a aquellos otros jóvenes que se esfuerzan por cualificarse para construir una sociedad más avanzada y que, en esa medida, deberían ser la prioridad absoluta.